COMUNICADO: "UN ERE MEDIÁTICO"
UGT FIJA SUS CONDICIONES MÍNIMAS PARA UN ACUERDO
Tras el análisis de la Memoria Explicativa entregada en la anterior reunión, en la que la Empresa argumenta la necesidad del ERE apoyándose en los datos facilitados por diversos organismos públicos como el INE y la CMT sobre la repercusión negativa de la crisis económica en general y su impacto sobre Telefónica de España en particular, UGT ha manifestado que, aún aceptando las cifras sobre la reducción de la cifra de negocio, reducción del trafico de voz, la ralentización del crecimiento en el mercado de Banda Ancha Fija, la pérdida de cuota de mercado de accesos fijos, de banda ancha fija o la pérdida de ingresos, esta situación es el resultado de un cúmulo de actuaciones y medidas de las que no es responsable en ninguna medida la plantilla.
Como hemos señalado con anterioridad la liberalización de las telecomunicaciones, proyectada fundamentalmente sólo para reducir los precios de los servicios, postergando su calidad, el marco regulatorio, que ha insistido en que las políticas a desarrollar en el sector de las telecomunicaciones pivoten únicamente sobre la reducción de precios y por ampliar la competencia en detrimento de la calidad de los servicios o la creación de empleo, generando además con ello una gran presión sobre los costes laborales, y erróneas medidas de gestión de la propia empresa son también factores culpables de la actual coyuntura.
Lo anterior, por responsabilidad, nos debe llevar a una reflexión que se direccione a encontrar soluciones para el conjunto de los trabajadores/as buscando acuerdos que nos blinden de posibles cambios políticos, vaivenes de la economía o cambios internos en el futuro de esta empresa, favoreciendo soluciones que eviten la adopción de otras decisiones que pudieran ser más perniciosas para la plantilla.
Desde ese objetivo UGT afronta la negociación del ERE reiterando los requisitos mínimos que el plan de acompañamiento debe contener, como la voluntariedad, universalidad y no discriminación, un porcentaje de indemnización similar al de acuerdos anteriores (70%) y las consabidas garantías de no acometer reestructuraciones y/o segregaciones de actividades que afecten con carácter forzoso al empleo y garantía de no movilidad geográfica forzosa.
A esos requisitos hay que añadir la necesidad de generar nuevo empleo por encima del 5% propuesto por la empresa, la garantía de no aplicación del artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores, así como abordar un proceso de deslocalización de actividad que genere un amplio proceso de traslados voluntarios que permitan dotar de un mínimo de estabilidad y actividad en todas las provincias.
Por último, y no menos importante, es preciso fijar las cautelas o salvaguardas necesarias contra la reforma de pensiones, e incorporar al acuerdo una cobertura sanitaria complementaria, la aportación por la empresa al Plan de Pensiones, la revalorización anual de las rentas que pudieran acordarse y un programa que contemple la reversibilidad de las rentas.
En relación a la polémica generada sobre quien debe de abonar la prestación contributiva de desempleo, si la empresa o la administración, debate que se produce únicamente en relación a Telefónica de España, desde UGT, plenamente conscientes de la legalidad vigente, reiteramos que no aceptaremos que el mencionado abono se realice en perjuicio de los trabajadores/as de esta empresa, entendiendo además que nuestra propuesta de cuantificar el coste del desempleo del ERE y traducirlo en creación de nuevo empleo es una manera mucho más social y práctica de revertir al conjunto de la sociedad dicho coste.
Concluimos expresando que las anteriores condiciones, derechos y garantías han de conformar un todo, ligado expresamente al Convenio Colectivo y la integración de los colectivos de TdE y TME, de forma que podamos contemplar un futuro viable y estable al más largo plazo posible para los trabajadores/as.
La empresa por su parte informa que, habida cuenta de la necesidad de hacer frente a los costes del paro para garantizar la aprobación del ERE por alguna de las partes, y para hacer frente al desembolso derivado inicialmente no previsto, debe modificar las condiciones del ERE tanto en la cuantía de las indemnizaciones, que reduce a un 66 % aproximadamente, como en su duración, que limitaría a tres años, a partir de los 53 años, así como el posible número de afectados, retrotrayéndose hasta los 6.500 inicialmente informados en la reunión de inversores de Londres.
Como UGT, no comprendiendo porqué precisamente sólo en el caso de Telefónica y en esta ocasión concreta se deben asumir unos costes que en casos similares no se han producido, pero asumiendo la realidad de lo planteado por la empresa, reiteramos lo manifestado anteriormente, rechazando rotundamente el hecho de que por hacer frente a un pago legalmente no exigible se vean mermadas las condiciones de los trabajadores/as implicados, solicitando a la empresa que reformule su propuesta si realmente busca un acuerdo en esta materia.
UGT Comunicaciones.
